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El otro cóctel de la muerte

“La serie Cárcel o Infierno trata de una forma subjetiva la realidad de las cárceles de Venezuela (…) La idea fundamental es traer unas imágenes que los jóvenes y nuevas generaciones puedan ver en primera persona, lo duro que es ser un delincuente, lo que se sufre, tanto la persona como sus familiares. Que no es una moda, no es una farándula de ser el mejor (…) este submundo lo que trae es muerte y desolación”

Luidig Ochoa- Capítulo 1 de la serie “Cárcel o Infierno” (+18)


Recibo con estupor la noticia de que en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana han fallecido 35 privados de libertad y 20 se encuentran en coma, tras ingerir el llamado “cóctel de la muerte” el cual, según diversas versiones fue preparado por los internos en la enfermería del recinto, mezclando medicinas de distintos tipos (antibióticos, antiepilépticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, anestesia) con alcohol absoluto o agua. Según la versión del Diputado William Ojeda, esta medida fue tomada por los privados de libertad en respuesta al síndrome de abstinencia sufrido ya que las cárceles se han declarado libres de armas y drogas. Entre otras cosas, esta declaración revela algo inconcebible: las cárceles venezolanas no tienen un programa de atención para casos de privados de libertad con problemas de consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Por su parte, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Humberto Prado, ha indicado que la ingesta del “Cóctel de la muerte” fue motivada por las propias autoridades y que los internos habían sido ignorados tras varios días de mantener una huelga de hambre en reclamo por recibir malos tratos, torturas, falta de alimentación, precaria atención médica y en general, por tener condiciones de vida deplorables. Familiares de los internos han dicho que fueron envenenados con sopa y agua con alcohol. Seguramente no lleguemos a conocer una versión ajustada a lo que pasó realmente.

Pero lo que sí podemos ver son los factores que constituyen el verdadero cóctel de la muerte, del que ningún privado de libertad se salva en Venezuela.

Ingrediente 1: criminalidad, violencia e indolencia fuera de la cárcel

Según un Informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Justicia y Paz de México, 5 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Venezuela: Caracas, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maracaibo y Valencia. Como antecedente a esta cifra, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha indicado que los homicidios en el país vienen incrementándose año a año y que en 2013 murieron 24.763 personas en actos criminales, lo que nos ubica en una las tasas de homicidios más altas del mundo.

El informe de CECODAP Impacto de la Violencia en niños, niñas y adolescentes, reporta que en 12 años se triplicó la tasa de mortalidad en los adolescentes entre 15 a 17 años, que pasó de 15,9 en 1997 a 42,2 en 2009. El mismo estudio indica que en el año 2009 el 74,59%[3] de las muertes violentas ocurridas en menores de 18 años corresponde a adolescentes entre 15 y 17 años, en su mayoría varones que son asesinados en enfrentamientos entre bandas urbanas. De estos adolescentes, un 53% fallece en la vía pública y sin asistencia médica[4], bajo la mirada indolente de una sociedad que considera la muerte en la calle como una forma de justicia.

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Ingrediente 2: hacinamiento, insalubridad, maltrato, torturas y muerte dentro de la cárcel

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el hacinamiento en las cárceles venezolanas es de 190%. Nuestros centros penitenciarios apenas tienen una capacidad instalada para 19.000 privados de libertad pero albergan un poco más de 55.000 personas. El hacinamiento no es sólo un problema de espacio y comodidad, sino que está relacionado con condiciones de insalubridad, limitaciones en el acceso a agua potable, instalaciones insuficientes para el aseo personal y alimentación escasa e inadecuada. Todo ello genera serias afectaciones de salud y por ello las enfermedades más frecuentes que sufren nuestros privados en libertad están relacionadas con alteraciones gástricas, problemas dermatológicos e infecciones respiratorias. Además de esto, existen muchos internos que viven con VIH y sida pero que no reciben los cuidados necesarios y mueren sin atención adecuada dentro de los recintos penitenciarios: sólo en el primer semestre de 2014 fallecieron 7 privados de libertad a nivel nacional por sida.

Por otra parte, desde 1999 han muerto 6.313 privados de libertad y otros 16.318 han resultado heridos en diferentes centros penitenciarios del país, lo que revela una absoluta incapacidad para garantizar la vida de estas personas y un descontrol total en la administración de la vida carcelaria. El OVP ha indicado que en el primer semestre de 2014 hubo 110 heridos y 150 privados de libertad muertos, con un promedio de edad de 27 años[5]. Es decir, los jóvenes vinculados con la violencia que no mueren en la calle van a la cárcel a morir, bajo los “cuidados” de un Estado que no pudo garantizarle oportunidades en su niñez y adolescencia, condenándolos a la delincuencia y que tampoco es capaz de velar por su vida ni dentro ni fuera de la cárcel.

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Ingrediente 3: impunidad y situación jurídica de las personas privadas de libertad

De la mano con la violencia viene la impunidad: del total de crímenes cometidos en Venezuela, un 91% queda impune y de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014, tan sólo el 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público venezolano; lo que nos habla de un sistema de justicia que no cumple con sus funciones, a pesar de que los magistrados y jueces venezolanos gozan de sueldos que están muy por encima de la media nacional.

En Venezuela parece que parte de la pena por cometer un delito es entrar en el limbo del sistema jurídico: más de un 65% de los privados de libertad se encuentra a la espera de juicio. El retardo procesal generado por el diferimiento y suspensión de las audiencias por causas ajenas a los privados de libertad es ya parte del proceso. Además de este horror en el funcionamiento del sistema, muchas veces los internos no pueden ser trasladados a los tribunales porque los recintos penitenciarios no cuentan con suficientes medios de transporte, personal de custodia e incluso, combustible (aunque parezca increíble). Existen privados de libertad que tienen más de 2 años recluidos y no han recibido sentencia condenatoria definitivamente firme. Este ambiente, genera desesperación y caos. Muchos de ellos mantienen rencillas a lo interno de las cárceles y consolidan grupos para el control del penal (los llamados pranes). Ante la insuficiencia de funcionarios capacitados, el dominio del orden disciplinario de la cárcel está en manos de los privados de libertad y no de las autoridades, con las implicaciones que ello tiene para la propia vida de los internos, los funcionarios y los visitantes.

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Además de no contar con condiciones dignas de vida, ni atención médica, alimenticia y de infraestructura adecuada, los privados de libertad no encuentran en la cárcel un espacio para el aprendizaje, la formación, el entrenamiento deportivo o el desarrollo de las potencialidades artísticas, manuales, verbales o físicas que seguramente muchos tienen pero no pudieron ser desarrolladas en un entorno social que los excluyó desde muy temprano. Son constantes las versiones de familiares de los reclusos que indican que son golpeados, quemados y maltratados sin que puedan proceder la denuncia pertinente.

A pesar de que en Octubre de 2012, el gobierno nacional decretó una emergencia en infraestructura carcelaria, la situación ha empeorado y en consecuencia las condiciones de nuestros privados de libertad es cada vez más deplorable, cruel y degradante. Pero no solo el gobierno está de espaldas a esta situación, la sociedad civil también está debilitada en el marco de las exigencias. Los familiares de los privados de libertad no tienen organización sólida para ser la voz de sus familiares internos en ese infierno. La deshumanización también nos tiene a nosotros en otro infierno: muchas personas que han sido víctimas del hampa justifican lo que pasa dentro del penal y lo interpretan como una forma de justicia. Nuestro reto como ciudadanos en esta materia es enorme y no podemos seguir ignorando esta situación ni simplificándola con análisis absurdos. Somos responsables porque el tratamiento de exclusión y desprecio que le damos a muchos niños en la sociedad es lo que está llenando nuestras cárceles y morgues de jóvenes que no tuvieron, no tienen ni tendrán una oportunidad para ser considerados personas con dignidad y derechos. Esto se tiene que revertir y no es sólo materia de unos pocos, como el Observatorio Venezolano de Prisiones que realiza un trabajo gigantesco en esa materia: es un desafío que tenemos todos los venezolanos.

  • Descarga el Informe Semestral del Observatorio Venezolano de Prisiones (Enero a Junio 2014) AQUÍ.
  • Puede escuchar una entrevista a Humberto Prado a propósito de estos hechos, pulse AQUÍ.
  • Puede ver un breve testimonio sobre el Coctel de Uribana AQUÍ
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